Las hermandades podrían tener que asumir un nuevo gasto en la contratación de bandas de cara a la Semana Santa de 2027. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) trabaja en la implantación de una tarifa del 7% sobre el presupuesto destinado a las formaciones musicales, en concepto de derechos de autor por las marchas procesionales interpretadas durante las salidas. Así lo avanzó José Lucas Chaves, director territorial de la entidad en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, en una entrevista emitida el lunes 21 de septiembre en el programa Evocación, de Canal Sur Radio.
La implantación de este sistema ha sido avanzada por José Lucas Chaves, director territorial de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, durante una entrevista en el programa Evocación, de Canal Sur Radio. Según ha explicado, la tarifa ya está recogida en el marco de gestión de la entidad, aunque todavía queda por delante una labor de comunicación con las hermandades, los consejos de cofradías y los ayuntamientos para concretar su aplicación.
El nuevo modelo sitúa a las corporaciones o entidades que contratan las formaciones musicales como responsables del abono de estos derechos, sin que el pago recaiga directamente sobre las bandas. De esta manera, el importe se calcularía tomando como referencia el coste de contratación, de modo que un acuerdo de 10.000 euros supondría, aplicando el porcentaje anunciado, otros 700 euros en concepto de derechos de autor.
La iniciativa responde a una demanda de los propios compositores, que vienen reclamando un mayor reconocimiento de la música sacra procesional y de quienes la crean. Una reivindicación que ha dado lugar a distintas mesas de trabajo y a la creación de MUSAPRO, la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional.
Chaves ha defendido que el objetivo va más allá de la recaudación económica y pasa también por reconocer la autoría de las composiciones que suenan en las calles durante la Semana Santa. En este sentido, ha recalcado que la SGAE distingue entre quienes interpretan las marchas y quienes las componen, motivo por el que el cobro no se dirige a las formaciones musicales.
Las marchas antiguas y los arreglos, en el punto de mira
La aplicación de la tarifa no implica que todas las composiciones del repertorio procesional estén sujetas al pago de derechos. La protección de una obra depende, entre otros factores, de la fecha de fallecimiento de su autor y de si ha expirado el periodo legal de explotación.
Aunque el plazo general se extiende durante la vida del compositor y los 70 años posteriores a su fallecimiento, existen particularidades para autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, cuyas obras pueden estar sometidas al plazo anterior de 80 años.
A ello se suma la situación de los arreglos musicales. Una marcha cuyo original se encuentre en dominio público puede contar con una adaptación posterior protegida por derechos de autor, por lo que no bastará con atender únicamente a la antigüedad de la composición.
El responsable territorial de la SGAE ha advertido, además, de que las marchas libres de derechos representan una parte limitada del repertorio que interpretan habitualmente las bandas, dado que buena parte de las composiciones son relativamente recientes.
La aplicación, pendiente de concretarse
La previsión de la SGAE es que el sistema pueda estar operativo en la Semana Santa de 2027. Antes será necesario trasladar su funcionamiento a las corporaciones y resolver las particularidades que puedan surgir en la contratación de las formaciones musicales, especialmente en aquellos casos en los que no exista un contrato convencional, como puede ocurrir con bandas propias o acuerdos de otra naturaleza.
El cobro de derechos también se contempla para conciertos y certámenes de bandas, aunque las tarifas podrían variar respecto a las previstas para las procesiones.
La medida abre así una nueva cuestión en la planificación económica de las hermandades, que deberán conocer cómo se aplicará el porcentaje y qué composiciones estarán sujetas al pago. Su entrada en vigor supondría que, junto al coste de las bandas, las corporaciones tendrían que prever también los derechos derivados de la música interpretada durante sus salidas procesionales.
